Transitar por el espacio agrario, mayormente de pequeños productores, y contrastando con
el rol constitucional que corresponde al Estado no es ajeno señalar que dicho precepto está
distante de la realidad expresado en las inmensas brechas, sinónimo de exclusión y atraso a
la que están sometidas las familias agrarias.
Frente a un modelo de economía social de mercado muchas veces desde el propio Estado deja
sentir su indiferencia y abandono, cuyas intervenciones dan por resultado procesos mucho más
excluyentes. Es el sinónimo de la ausencia de una política pública para el agro. La economía
de libre mercado a la que enfrentan millones de pequeños y medianos productores termina
resultando negativa por las asimetrías existentes en términos de mercado y en la provisión de
servicios, hoy casi inexistentes.
Socialmente, son poblaciones carentes de servicios sociales y los existentes son de baja calidad
lo cual deteriora su calidad de vida que son obstáculos para su pleno desarrollo. Son poblaciones
mayormente adultas y de bajo nivel educativo donde el conocimiento de sus derechos como ciudadanos
están ausentes. Esta ausencia, los coloca en una situación de desventaja frente al sistema de
justicia y frente a la estructura organizativa del propio Estado.
La realidad reseñada motivó para que el 2022, un grupo de profesionales conjuntamente con líderes y
productores agrarios bajo el lema “tus derechos son nuestros derechos” decidieran crear la Defensoría
del Productor Agrario con el propósito de acercar el Estado con el productor agrario en el objetivo
de garantizar el respeto a sus derechos y propender al cierre de brechas y de las asimetrías existentes,
por ejemplo, en el sistema de administración de justicia.
La Defensoría pone al servicio del productor el compromiso para hacer realidad un agro con libertad,
prosperidad y equidad y fundamentalmente garantizar respeto irrestricto a sus Derechos.